El Jefe del Servicio Provincial de Costas D. Ignacio Gil se ha aprovechado que el nuevo Subdelegado de Gobierno aún no ha tomado posesión de su cargo para demoler el puente que une por la costa a las urbanizaciones de Les Amplàries y Marina d’Or® – Ciudad de Vacaciones con el resto de Oropesa del Mar. El derribo se ha llevado a cabo aprovechando la ausencia de las principales autoridades (desplazadas a FITUR) y la ausencia de muchos vecinos en estas fechas de enero.
¿Por qué no debía haberse derribado el puente?
El puente está contemplado en el Plan General de Oropesa.
El Plan General vigente en Oropesa contempla, desde hace ya 30 años la existencia de un vial y un puente público en la desembocadura del río Chinchilla. El Ayuntamiento ha manifestado su oposición a que se demoliera el actual puente sin antes haber construido un puente alternativo, lo que por otra parte es de total sentido común.
Tanto Marina d’Or® como la urbanización Les Amplàries están comunicadas con Oropesa por la Avenida Barcelona, con lo que la comunicación está garantizada, pero eliminar el acceso por la costa sin motivo alguno, obliga, sobre todo a los viandantes, a realizar un gran rodeo en lugar de poder seguir caminando junto a la playa.
La demolición se ha adelantado a la aprobación del proyecto que la preveía.
Según lo publicado en el BOP de Castellón el 17 de diciembre de 2011 el Servicio Provincial de Costas sometió a información pública un proyecto denominado “Solución del tránsito Peatonal en la Desembocadura del Río Chinchilla en el Término Municipal de Oropesa (Castellón)”
Dicho proyecto prevé sustituir el actual puente por otro, ubicado a escasa distancia. Siendo esto así ¿qué sentido tiene demoler el primero antes de hacer el segundo? Es obvio que la construcción del segundo podría haberse realizado antes, evitando así graves molestias a todos los vecinos afectados, ya que va situado en otro punto y no molestaba para hacer el puente nuevo.
La demolición interrumpe el trazado de una vía pecuaria
Las Vías Pecuarias son bienes de dominio público, cuya competencia corresponde a la Generalitat Valenciana y sirven históricamente para el libre tránsito de ganado. Con el tiempo, la legislación pecuaria ha añadido el del tránsito peatonal, ciclista, etc.
La demolición del puente e interrupción de la vía pecuaria Colada Realenga del Mar, supone que algo tan simple (e importante en un municipio turístico de playa) como pasear o ir en bicicleta por la costa entre Oropesa y Marina d’Or sea imposible, y obligará a los vecinos y turistas a alejarse de la playa y dar un rodeo de algunos kilómetros.
Consultado el Servicio Territorial de Medio Ambiente, en Castellón, cuya Sección Forestal informa de los expedientes relativos a Vías Pecuarias, se constata que no se ha tramitado por parte de Costas ninguna autorización para interrumpir la vía pecuaria ni para modificar su trazado.
Ante todo lo anteriormente expuesto, Marina d’Or® quiere hacer constar su completa disconformidad con la actuación del Servicio de Costas, y desea informar que, en la tarde del miércoles 18, tan pronto tuvo sospechas de las intenciones de Costas de demoler el puente presentó, mediante un empleado, una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Oropesa del Mar, advirtiendo de la comisión de una posible ilegalidad por interrupción de la Vía Pecuaria Colada Realenga del Mar.
Hay ocasiones en las que las entradas a ambas urbanizaciones donde residen, en muchos momentos, más de 100.000 personas -entre turistas y propietarios-, pueden producir colas interminables de vehículos que en algún momento han llegado incluso a interrumpir la N-340 y la entrada por la Autopista AP-.7. No cabe duda de que, ahora, esta actuación irresponsable y cuyo único objetivo parece ser el de perjudicar a las miles de familias y turistas que visitan regularmente la zona, representará el colapso de la N-340 y de las entradas y salidas de la autopista.
Los responsables de la empresa y de la Plataforma Les Amplàries (colectivo que representa a más de 70.000 vecinos) no pararán hasta que se depuren las responsabilidades administrativas y penales de, entre otros, D. Ignacio Gil, actual responsable de Costas, que siempre ha manifestado públicamente una persecución a las urbanizaciones.
Desconocemos qué interés ha movido a este señor Ignacio Gil para impulsar una actuación innecesaria que genera tanto malestar y potencial peligro, ya que en caso de accidente no habría forma de acceder rápidamente y podrían producirse colapsos tal y como hemos argumentado.
El Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que articular alguna medida para que funcionarios como éste no sigan impunes a perder su puesto de trabajo, ya que con actitudes como la suya, desprestigian la imagen de muchos otros funcionarios que trabajan con rigor, sirviendo a los ciudadanos desde sus puestos correspondientes.
La compañía y el colectivo de los vecinos emplearán los medios legales a su alcance para exigir la depuración de responsabilidades tanto administrativas como penales por los hechos citados y el perjuicio que pueda ocasionar a tantos vecinos de Oropesa del Mar.
